UGT solicitó en su momento al TSJC que dejara sin efecto la anulación del apartado 1 del art. 21 del convenio, por entender que existía incongruencia, pues el Tribunal daba más de lo pedido por la Delegación del Gobierno. Sin embargo, pese a que se le dio traslado de dicha solicitud a la Delegación y ésta no se opuso a la misma, el TSJC la desestimó, e instó al sindicato a que “si entiende que hay incongruencia, tiene para ello el recurso de unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo”.

Por ello, siguiendo la indicación dada por el TSJC, el sindicato ha interpuesto recurso ante el Tribunal Supremo para que deje sin efecto la anulación del apartado primero del artículo 21, porque la Delegación del Gobierno no solicitó su anulación.

Desde el servicio jurídico de UGT se ha informado que, en el caso que el Tribunal Supremo de la razón al sindicato, 40 de los 51 despidos que tiene previsto hacer el grupo de gobierno galdense con el nuevo ERE, quedarían invalidados, porque los despidos se basan en que los puestos de trabajo ocupados por dicho personal se consideran “innecesarios”, cuando paradójicamente dicho grupo de gobierno aprobó un convenio que los consideraba necesarios y no amortizables (art. 21.1 del convenio).

Por otro lado, el servicio jurídico ha informado que el Tribunal Supremo ha dado la razón al sindicato y ha confirmado el decreto del ayuntamiento de 29 de marzo de 2010, que otorga el derecho a convertirse en funcionario al personal laboral con antigüedad anterior al 13 de mayo de 2007, mediante concurso oposición restringido. El TS rechaza así el recurso del Gobierno de Canarias, que había impugnado dicho decreto.

Desde UGT se ejercitarán cuantas acciones sindicales y judiciales sean necesarias, como ha hecho hasta ahora, para frenar este nuevo ERE.

Pero al final, como siempre, el perjudicado es el mismo: ciudadano. Ellos, los políticos, están todavía blindados por un ordenamiento jurídico que no les conlleva ninguna responsabilidad más allá de la que cubre la propia administración. Responsabilidad personal de sus actos: por ahora, ninguna. A esta condena responderán, una vez más, las arcas públicas que tendrán que hacer frente al pago de todos estos meses de salario atrasados, desde agosto hasta abril, de los 27 trabajadores despedidos de forma improcedente. 27 trabajadores que cobrarán sin haber prestado ningún servicio ni trabajo alguno al Ayuntamiento en estos meses. El Ayuntamiento pierde por todos los lados: el trabajo que no se ha hecho y el dinero que va a tener que pagar.

Y lo que es peor. La sentencia que falta por llegar. La de mañana o la de pasado, pero en cualquier caso, la de más pronto que tarde: la del contencioso del ERE presentado en el TSJC. Esa que esperan 104 trabajadores como agua de Mayo y que supondrá de nuevo un duro varapalo para las arcas públicas. El sueldo atrasado desde enero hasta mayo de los trabajadores suspendidos, indemnizaciones por despido improcedente y la readmisión inmediata en un Ayuntamiento con liquidez tendente a cero. Ahora sí que sí, no vamos a tener ni para el papel higiénico.

Y mientras tanto, los sindicatos en una situación bastante preocupante. No se sabe muy bien a quién representan. Porque aunque las cosas les están saliendo bien judicialmente, algunos de los sindicalistas han empuñado el arma y han empezado a disparar sin control a todo lo que se mueve. Presentaron demandas para salvar su propio puesto de trabajo aprovechándose de su condición sindical, cuando el día que salga la sentencia del TSJC no quedará más discusión que valga. Una estrategia que para lo único que ha servido es para poner en evidencia ante los ciudadanos las prioridades de algunos, que son más personales que colectivas, dejando de lado al conjunto de trabajadores que representan, y dando así un argumento más que sabroso a Teodoro Sosa, quien no duda en utilizarlo para salir a la palestra, con la demagogia que le caracteriza, a criticarlos e intentar justificar así, de nuevo, un ERE más que injustificable.

Y sí. Ya sé que todo esto no va a servir para nada, porque a los 30 días de reincorporar a todos estos trabajadores, un nuevo ERE, esta vez amparado en la Reforma Laboral, el Real Decreto Legislativo de 10 de Febrero dictado por la mayoría absoluta del PP, dará la luz verde definitiva a los despidos en Gáldar. Y sí, es la misma reforma que dice Rajoy y el PP que va a servir para “generar empleo”. Y sí, también es la misma reforma a la que el PSOE se opone a nivel nacional, apoyando incluso la reciente huelga general, para ahora ampararse en ella y sus mecanismos para poner en la calle a medio Ayuntamiento de Gáldar. Este es el juego, a veces (muchas más de las que debiera) asqueroso de la mala política y los malos políticos. Aquellos que por cobrar tres perras a final de mes son capaces de vender hasta a su madre por el camino, cuanto no más su ideología, si es que alguna vez tuvieron alguna. El sociolismo (de sociolisto) sigue siendo el único valor, la única ideología apreciable en la postura del PSOE en Gáldar, y por lo que parece, tampoco va a cambiar mucho con estos varapalos judiciales que evidencian una gestión más que nefasta. Ellos, Chona, Rita, Evelio y Vicente, mantienen en el sillón de la alcaldía al alcalde del desastre. Ellos y los lacayos del BNR, que tampoco se escapan, pero que bien elegidos (excepto alguna voz discordante de última hora) siguen al pastor como fieles corderitos. Lo que no saben es que esta vez no es el pastor sino el lobo con piel de cordero el que cuida de las ovejas, y que en cualquier momento todo se puede venir abajo. “Más pronto que tarde”.

El Juzgado pone de manifiesto que el Ayuntamiento “debía haber incorporado al expediente de regulación de empleo la totalidad de los/as trabajadores/as cuyos contratos pretendía extinguir por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y no, mediante un subterfugio legal, acudir al cauce previsto en el art. 52.c) del Estatuto de los Trabajadores”.

UGT denuncia que la conducta negligente del alcalde Teodoro Sosa (Nueva Canarias), en estos despidos, que fueron apoyados por su cómplice de gobierno Encarnación Ruiz (PSOE), le supondrá al Ayuntamiento de Gáldar el pago de la mayor indemnización económica por despidos de su Historia, en concepto de salarios de tramitación, cifrada en más de 400.000 euros, a lo que hay que sumar los 45.000 euros despilfarrados en pagar a una asesoría laboral que contrató a dedo el alcalde para realizar el fraude ahora anulado por el Juzgado.

Ante la gravedad de los hechos, UGT insta a los responsables políticos de este desaguisado a que dimitan de sus cargos, y a que paguen de su bolsillo los daños económicos que han ocasionado al Ayuntamiento con su conducta fraudulenta.

UGT interpuso demanda judicial contra dicha decisión, al entenderla no justificada y perjudicial para el personal municipal, y ahora el Juzgado estima dicha demanda, entendiendo también que “no cabe duda que la modificación de la forma de retribución de las pagas extraordinarias tiene la consideración de sustancial, en tanto que perjudica al trabajador, ya que le retrasa el abono de las cantidades ya devengadas y que le corresponderían desde el momento de su devengo, favoreciendo a la empresa que mantiene en su poder cantidades que ya corresponden a sus trabajadores, dilatando su abono sin contraprestación alguna a favor de éstos últimos”.

La sentencia desestima los argumentos de la asesoría laboral contratada por el alcalde, y establece que “no se acredita que el pago semestral en lugar del mensual de las pagas extraordinarias supongan un alivio de tesorería, porque si bien lo es ficticiamente mes a mes, no lo será en el momento del pago, en el que tendrá que hacer frente al pago de una cantidad mucho mayor, produciéndose posiblemente lo que reconoce el propio Ayuntamiento que ha ocurrido, esto es, que no se podrá hacer frente al pago de las pagas extraordinarias llegado el momento de su abono”.

UGT valora positivamente esta sentencia, que anula la decisión unilateral de alcalde de suprimir este derecho, y considera lamentable que el alcalde rechazara en su momento, sin más, la propuesta alternativa de este sindicato de suspender sólo durante el año 2012 este derecho, pero no definitivamente como pretendía el alcalde, propuesta que fue rechazada por éste, demostrándose ahora que la prepotencia no es buena cualidad para ningún gobernante.

Los personajes van dejando “instantáneas” de mujeres a las que cualquiera sería capaz de reconocer en casa, en la calle, en un aeropuerto o en la playa…

Este viernes 30 de marzo a las 20.30h en el Centro Cultural Guaires.

La Ley prevé preferencias en el puesto de trabajo para los cargos sindicales en las empresas en los supuestos de ERE, tanto suspensivos como extintivos, por lo que tendrán, a la vista de la resolución judicial, que demandar y poner el nombre de los compañeros que deberán ser sustituidos por estos afectados, dándoles un plazo de cuatro días para ampliar la demanda.

Remitido

En cuanto al centro comercial, González asegura que el Partido Popular va a mantener la misma posición que antaño: “todo lo que sea bueno para Gáldar es positivo”. Mientras que apunta que a quien habría que preguntarle el por qué de su cambio de opinión es al actual alcalde, Teodoro Sosa.

Por eso el presidente de Mercadona, Joan Roig, miembro del selecto grupo de empresarios españoles del Consejo de Competitividad, no ha tenido ningún pudor (los medios más a la derecha lo llaman sensatez) en pedir hace unos días que se amplíe la reforma laboral para “desincentivar el paro”, que tenemos que trabajar como chinos, es decir, como los chinos de China, aquí y en Pekín: de sol a sol, con sueldos bajísimos, viviendo hacinados para poder pagar un piso, sin vacaciones y sin derechos laborales. Y también, según el conspicuo empresario, debemos dejar de derrochar en esas tonterías de la sanidad pública y la educación, entre otras cosas. Es más o menos lo que vino a decir el director de Ford España por las mismas fechas: los españoles tienen muchas vacaciones y tienen que mirarse en el espejo de los japoneses. No dice que los japoneses trabajan hasta 70 horas a la semana en muchos casos y que mueren por miles cada año por karoshi o sobrecarga de trabajo. Por lo visto, no hay más alternativa que producir y consumir hasta la extenuación.

Por eso Joan Rosell acaba de afirmar que las prestaciones de desempleo son muy generosas y que no pueden ser para siempre, que el derecho a la huelga debe ser revisado y que se debe retirar la ayuda a los que rechacen por primera vez un puesto de trabajo, “aunque sea en Laponia”, como afirmó José Luis Feito que también demandó parar a empleados públicos para pagar a los proveedores y crear puestos de trabajo, en una clara maniobra de enfrentamiento de los trabajadores y trabajadoras de esta país.

Es lo mismo que dijo el pasado lunes Dolores de Cospedal: “En España hay que trabajar más horas manteniendo los sueldos” y, además, la responsabilidad de un Gobierno en un país con más de cinco millones de parados no puede ser otra que “hacer reformas” y los trabajadores deben aceptar en silencio menos salarios, menos derechos laborales, menos vacaciones, más horas de trabajo, más precarización, más empobrecimiento, más exclusión social… Y van haciendo calar la idea de estamos en un país de gandules, que la gente no quiere trabajar, que estamos rodeados de irresponsables que quieren vivir por encima de sus posibilidades; que son los hombres y mujeres de este país los culpables del paro, de la frustración de los jóvenes, de los millones de pobres, del aumento de las desigualdades sociales…

Y claro, para poner en marcha todas estas políticas de reformas y ajustes sobran los sindicatos. No hay ningún tipo de dudas que están siguiendo a pie juntillas las prácticas de Margaret Thatcher: “Consideramos que estando en la lucha de clases, teníamos que declararles la guerra (…) Siempre tenemos que ponernos a salvo del enemigo interior (trabajadores y sindicatos) mucho más peligroso y difícil de batir y nocivo para la libertad”. Su estrategia es que hay que revisar, por tanto, el derecho a la huelga, como ha anunciado la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, y desprestigiar a los sindicatos hasta el infinito, lo que tienen también en buena parte conseguido por las campañas continuas de menoscabo a las que son sometidos.

El vilipendio a los sindicatos viene de lejos: en la huelga general que convocaron contra el Gobierno socialista en septiembre de 2010, la prensa más conservadora -El Mundo, La Razón, ABC, La Gaceta…- no dudó en compararlos con grupos terroristas, en pedir su ilegalización, y el encarcelamiento de sus lideres. Y en esta ocasión, cuando se anuncia otra huelga general, vuelven a poner toda la carne en el asador, esta vez con una complicidad más directa del PP, e insisten en demonizarlos y machacarlos con los latiguillos de los abusos de liberados, los sindicalistas banqueros, los cursos de formación, los millones que reciben para su financiación de los gobiernos de turno, la complicidad y la culpabilidad en la existencia de millones de parados, su participación en la negociación de los ERE, su deriva en negocietes, burocratismo, parasitismo, trapisondería y opacidad. Si se mueven ahora –dicen- es porque la reforma laboral les quita poder y dinero.

Desde luego, no voy a dejar de reconocer la existencia de determinadas prácticas sindicales absolutamente censurables. De su complicidad con la socialdemocracia, pasiva ante los embates de los mercados; de su voracidad e insaciabilidad en la administración pública frente a políticos débiles, creando enormes diferencias con el resto de los trabajadores; de su aceptación de la rutina; de haber hecho dejación de su obligación de crear un proyecto social alternativo… Pero no han cometido más errores que los partidos políticos, que los empresarios, que los medios de comunicación…, todos ellos, como los sindicatos, imprescindibles en un Estado de derecho, en esta democracia de mínimos que nos va quedando.

Los sindicatos están obligados -como los partidos, como los empresarios, como los medios de comunicación-, a hacer una autocrítica, pero nadie puede dudar de que son absolutamente necesarios para la defensa de los trabajadores ni de su total legitimación para ponerse a la vanguardia de la defensa de los derechos laborales, de sueldos dignos, de las pensiones, de las jubilaciones, de los derechos fundamentales, de las garantías constitucionales, de la soberanía de la política frente a los mercados y de la democracia.

En esas están y no podemos dejarlos solos. Han convocado una huelga general y su fracaso supondría la aceptación de los sacrificios y la pérdida de libertades que se nos impone. Es verdad que las encuestas nos hablan de que la ciudadanía recela de los sindicatos y de las manifestaciones y huelgas, pero habría que vencer a las opiniones creadas interesadamente (las que nos venden la reforma como un atisbo de luz frente al inmovilismo del PSOE), la apatía y el miedo. No se trata sólo de salir a la calle para protestar. Se trata de reclamar pacíficamente, como avala nuestra Constitución, un proyecto de futuro distinto. De hacer oír, al unísono, millones de voces que reclaman la ruptura de la dependencia de la política ante los mercados. Y que no se nos olvide que como decía Thomas Jefferson “cuando los ciudadanos temen al Gobierno tenemos una dictadura; cuando el Gobierno teme a los ciudadanos, tenemos libertad”.

El edil también incide en la necesidad de que la documentación remitida a la oposición en formato PDF sea firmada por los responsables de las mismas, ya que hasta el momento son documentos digitales no firmados.

En otro orden de cosas, se plantean dudas acerca de que por primera vez se hace diferenciación entre las bases de ejecución del Ayuntamiento y el Instituto Municipal de Toxicomanías, que hasta ahora eran conjuntas.

En cuarto lugar, Rodríguez expone que se han presupuestado mal las tasas de la guardería municipal, donde la cantidad de ingresos presupuestada es incluso inferior a 2011 cuando se aprobó en pleno de septiembre de 2011 una subida de las tasas.

El grupo de gobierno también ha vuelto a presupuestar ingresos por la tasa de la escuela de arte, por lo que Rodríguez pregunta si tienen pensado volver a dar estas clases que en estos momentos no se dan y si, en ese caso, se ha presupuestado en gastos el pago a la persona que las imparta.

En sexto lugar, el concejal del grupo mixto plantea que tampoco se recoge en el presupuesto la tasa por mantenimiento de contenedores también recientemente aprobada, al igual que tampoco se ha presupuestado el precio público por el estacionamiento vigilado, que aparece dentro de un conglomerado al que llaman “otros precios públicos”.

En este mismo sentido, tampoco se presupuesta la cantidad que Valora paga cada año al Ayuntamiento en virtud del convenio que tiene suscrito ambas entidades.

En el punto noveno, se pregunta por la partida “Otros ingresos actividades varias. Educación”, algo que no ha sido aprobado en pleno, y por lo que Rodríguez solicita información.

Asimismo, se insiste, como se dijo en el pleno de aprobación inicial de los presupuestos, que la operación de refinanciación de préstamos no debería presupuestarse en ingresos “por ser de dudosa legalidad, tanto la reconversión a largo plazo como la formalización de una nueva operación de crédito a largo plazo, según lo establecido en el artículo 53.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004″. En este sentido también se solicita que se retiren del presupuesto de gastos dos partidas de “amortización de las operaciones de tesorería” por valor de 5.059.838,96 euros y 982.331,52 euros, ya que “nunca ha figurado en el presupuesto de ingresos ni de gastos”.

En el presupuesto únicamente se recogen las indemnizaciones del personal de más de 60 años extinguido en el ERE, y no se recogen las del personal despedido en el mes de agosto ni el resto del personal incluido en el ERE que está pendiente de resolución judicial del TSJC.

Por último, Rodríguez apunta que en que en el anexo de personal no aparecen presupuestadas las plazas vacantes de interventor/a, tesorero/a y secretario/a, al igual que se demanda la entrega a la oposición de la plantilla de personal como documento que forma parte también del presupuesto.